Si a ese ladrón lo maniatamos antes, no robará. Y si lo hace será más fácil pescarlo

Por Iván Oliver Rugeles:

Es inconcebible que ante los numerosos casos de  corrupción que ha puesto en evidencia el Fiscal Tarek William Saab, en diversas empresas y entidades públicas, debidos, simplemente, a la ausencia de controles, no haya sido posible que el actual Contralor General, tal y como lo prometió a los pocos meses de asumir el cargo, en abril de 2015, rescate la potestad que tenía el organismo de ejercer los controles Previos al Gasto y al Pago de la ejecución presupuestaria pública, como la tuvo hasta que la derogó el gobierno de Caldera II en 1985.

Bien oportuna es, la realización del 4º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, durante los días 28, 29 y 30 de julio venidero, para sugerirle a los voceros del pueblo, que allí deberán estar, que sea incorporado como tema de la agenda, para su urgente e impostergable aprobación, la propuesta que seguidamente consignamos, la cual está dirigida hacia el objetivo de disminuir a su mínima expresión los ilícitos en el manejo de los recursos y bienes públicos, todo esto enmarcado dentro de la tercera, de las siete líneas de acción, que el Presidente Nicolás Maduro ha establecido para la conducción de su segundo mandato, como lo es la “lucha renovada y frontal contra la corrupción”, de manera que la misma sea elevada para su discusión y aprobación de urgencia por ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Veamos, en lo que sigue, nuestra propuesta que va en la dirección de disminuir a su mínima expresión, como lo sostenemos, los hechos de corrupción en los estamentos del Estado, acerca de la cual -debemos resaltarlo-, la hemos venido formulando reiteradamente a través de estos medios digitales desde hace muchos años, pero hasta la fecha ninguna reacción ha provocado en el ámbito público, y ni siquiera en las instancias que tienen la inmensa responsabilidad de ejercer tareas de contraloría, de los ingresos y gastos de los dineros y bienes de la Nación. La propuesta comprende:

1) Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con la finalidad de que el ente Rector  -La Contraloría General-, retome las competencias del Control Preventivo del Gasto y del Pago, que mantuvo por muchos años en el ámbito de la Administración Central. Y que las amplíe sobre la ejecución presupuestaria de todos los organismos de los Poderes del Estado, pudiendo el órgano exceptuar de dicho control sólo temporalmente y mediante Resolución fundamentada, a los organismos y entes de los Poderes distintos del Ejecutivo Nacional, dejando a salvo muy claramente la potestad no sólo de dejar sin efecto dicha excepción sin previo aviso, sino de ejercer también los controles perceptivos que considere necesarios, cuando así lo disponga, sin que medie para ello la previa participación.

Los sorprendentes adelantos tecnológicos en el campo de la informática, garantizan no solamente la viabilidad de ese tipo de controles, sino que aseguran por demás la imposibilidad de que los mismos pudieran generar retardos en el cumplimiento de los procesos administrativos respectivos, pues esos controles digitales pueden hasta programarse para evitarlos e, inclusive, permitir que sea factible detectar en segundos donde y quien pudiera ser el o los responsables de las demoras injustificadas e indebidas…

2) La reforma de la indicada Ley de la Contraloría deberá incluir el agregado de un dispositivo que obligue a hacer públicas las declaraciones patrimoniales en la página digital de la Institución Contralora,  de libre acceso público,  de aquellos funcionarios que tengan la exclusiva competencia para y en el manejo y destino de los dineros  y  bienes públicos,  sin excepción.

Estamos convencidos que con esta decisión se logrará que el país nacional sienta que, efectivamente, la gestión del máximo órgano Rector del Control Público, hace hasta lo indecible porque la función pública sea lo más transparente y pulcra posible, pues se muestra como muy obvio que ello se constituye en un formidable disuasivo que frena toda posible tentación de aprovecharse de un cargo en el Estado para robar dineros y bienes públicos.

De otra parte, vale observar que quien decide ingresar al servicio público es porque lo hace por voluntad propia,  nadie está obligado a ser burócrata del Estado,  de manera que al aceptar esa responsabilidad,  queda advertido que se hará público su patrimonio,  y que su respectiva declaración será periódicamente fiscalizada.

3) Revisar el régimen de sanciones previsto para quienes incurran en delitos de corrupción con los dineros y bienes públicos, pues las penas de cárcel contempladas frente a un sinnúmero de graves faltas son realmente ridículas y nos eximimos de relacionarlas debido a que son muchas las tipificaciones (leer la Ley Anticorrupción:  http://www.cgr.gob.ve/pdf/leyes/Decreto_Reforma_ley_Contra_Corrupcion.pdf).

Es inconcebible que quienes estafen o roban los dineros públicos sean sancionados con una pena máxima de apenas 10 años de cárcel…!!! Para esos delincuentes de cuello blanco la máxima condena que contempla nuestro Código Penal de 30 años es, también, demasiado poco. Nuestro grande Héroe Patrio, el Libertador Simón Bolívar, decretó en 1824 la Pena de Muerte a los corruptos y más, aún, la misma pena a los jueces que optaran por no aplicarla… (https://www.conelmazodando.com.ve/en-1824-bolivar-decreta-la-pena-de-muerte-para-los-corruptos). Y …,

4) Aprobar una Ley Especial para la protección de denunciantes y testigos en el tema de la corrupción.

Se trata de un instrumento fundamental dentro de una real y efectiva política de Estado para combatir con éxito a los corruptos, pues con dicha norma legal se alejan los temores para quitarle la careta a los zánganos corruptos que tanto daño le hacen al país…

Sobre esta propuesta, vale que resaltemos estas reflexiones que surgen respecto de las denuncias:

a) Los ladrones del erario público hacen lo indecible por no dejar rastros de sus fechorías, de manera que a la hora de prescribir los requisitos para la admisión de una denuncia, en absoluto se pretenda con ellos que quien la formule lo haga con el expediente probatorio de los supuestos hechos delictuosos que va a denunciar, lo cual no descartamos que pudiera ocurrir en determinados y muy contados casos, pero que en la mayoría de ellos, usualmente no tienen pruebas para sustentarlas, porque como ya hemos dicho, el ladrón borró las “huellas”, quemó los “papeles” y ese denunciante solamente maneja la sospecha basada en razones de mucho peso, como son aquellas que se derivan de ver a determinados burócratas cómo de la noche a la mañana han cambiado radicalmente sus ‘modos de vida’ y, de ciudadanos sencillos que lo eran antes de asumir un cargo público (nacional, estatal o municipal), y solamente devengaban ingresos suficientes para llevar una vida modesta, sin excesos, porque además no disponían del dinero para cubrirlos, ahora se los ve exhibiendo una exuberante riqueza, sorprendente en extremo, llevando una vida dispendiosa y, además ostentosa. No olvidar ese sabio dicho que sostiene que la riqueza mal habida es como la gripe, imposible de ocultarla…

b) Quienes se atreven a formular las denuncias, asumen una gran responsabilidad, pues no olvidemos que corren el grave riesgo de que si su objetivo fue hacer sólo daño a terceros, tendrán que vérselas con la justicia, debido a que la Ley Contra la Corrupción, en su artículo 82, contempla de uno a tres años de cárcel para quienes así actúen

(http://www.venceremos.com.ve/sites/default/files/LeyContraCorrupcion.pdf).

c) Un indicio es más que suficiente para escudriñar y llegar a detectar evidencias y pruebas necesarias, que permitan identificar a los directos responsables de una determinada irregularidad. Y esto lo sabe hasta el más bisoño de los expertos en investigaciones y tareas de inteligencia, lo cual es perfectamente verificable con quienes manejan esas estructuras estatales de policía contra el crimen organizado. De manera que hasta una simple sospecha ya es una magnífica ocasión para que se ordene la apertura de las investigaciones de rigor y, de una vez y para siempre,  los responsables del control público  dejen de seguir advirtiendo que jamás las abrirían por “oficio”.

d) Conocemos de varios casos de denuncias en nuestro país, que se han manejado sobre la estrategia de “montarle”, luego de un laborioso trabajo de inteligencia, una "trampa" a la persona que ha sido denunciada,  y que concluye,  cazándolo, en el preciso momento en que recibe la coima.  Durante nuestra permanencia en el Organismo Contralor (1961/1985), específicamente en el área del Control Previo, fuimos parte de equipos gerenciales que pusieron en práctica ese modus operandi, tan “normal” en muchos países, y recordamos que siempre se obtuvieron óptimos resultados...

¿Habrá acaso, otras muchas ideas que coadyuven a garantizar aún más el objetivo de disminuir al mínimo la corrupción en el país?

Por supuesto que las hay, como serían  -por ejemplo-, estas dos que se nos ocurren,  por  ahora:

1) Que se abran espacios, tantos como sean posibles, para que los venezolanos podamos interponer denuncias de corrupción, por supuesto, en los términos como lo hemos propuesto en el punto tres …

2) Es impostergable incorporar al pueblo de manera efectiva en las tareas de contraloría y fiscalización del gasto público,  y para ello es preciso pensar en la urgente elaboración de una normativa legal que haga realidad esa posibilidad.  Con ello estaríamos dándole realidad concreta a lo que debe ser una práctica activa y muy viva de su derecho a participar y ser protagonista de primera línea de la democracia socialista que debemos construir cada día.  Y…,

3) Las declaraciones patrimoniales que correspondan a los funcionarios que tengan la responsabilidad exclusiva del trámite integral de los ingresos y gastos públicos, deben ser revisadas periódicamente y, en cada caso,  de manera exhaustiva…

Cerramos esta nota con esto:  el Fiscal Tarek Wiliam Saab, como lo hemos estado viendo, donde mete la lupa en la lucha contra la corrupción, lo que encuentra son ladrones de marca mayor y de todas las categorías. Desde el más alto jerarca de la entidad o empresa pública sujeta a revisión y fiscalización, hasta los funcionarios de más bajo rango, debiéndose resaltar que en estos casi diez meses que tiene en el cargo,  del total de encanados por corruptos,  el mayor porcentaje se lo llevan los de mayor jerarquía. No olvidemos que en ese numeroso grupo que, entendemos, ya superan los cien, aparecen ex ministros, ex presidentes,  ex vice presidentes, ex gerentes generales y sectoriales…

Nos preguntamos, ¿Será la corrupción el destino fatal de la Patria…?  No aceptamos que lo sea, nos negamos a admitir que sigan apareciendo corruptos por docenas todas las semanas,  y año tras año, y nos quedemos con los brazos cruzados,  viendo con inmensa frustración que los mecanismos de contraloría que tenemos no funcionan, pues el propio Fiscal Tarek nos ha dicho en sus partes periódicos, de manera muy sucinta y sin remilgos,  que los robos que han sido detectados hasta la fecha,  se han producido por la falta de controles preventivos: Nos habló, por ejemplo, de una impresora que tenía como precio en el mercado internacional 500 dólares y se pagó para su adquisición una factura por la cantidad de QUINIENTOS MIL DÓLARES…!!! Y en la última podredumbre que destapó su despacho en la Federación de Triatlón (Fevetri) y que la hizo pública el pasado martes 3 de julio en curso, se incurrió en una enorme estafa con divisas preferenciales por más de 770 mil dólares, la cual se fraguó sobre la base de un documento falso 

“o trucho”, como lo llaman los argentinos (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201807031080108954-arrestan-triatlonistas-venezolanos-por-corrupcion/).

En ambos casos, camaradas y amigos lectores, de haber funcionado la contraloría preventiva, ninguno de esos robos habría  sido posible… 

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